Por Rodrigo Silva, Presidente de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile
Dentro de unas semanas, Chile comenzará una nueva etapa liderada por el presidente electo, Gabriel Boric Font. El futuro gobierno tendrá que hacer frente a grandes desafíos en un marco de altas expectativas ciudadanas.
Como consecuencia de las medidas otorgadas por el Estado para paliar los efectos de la crisis sanitaria del Covid-19, junto a los retiros de las AFPs por buena parte de la población, la economía chilena ha crecido en el último tiempo más allá del potencial estimado, basándose principalmente en un mayor consumo privado, generando así un contexto de mayor inflación. La capacidad de crecimiento, sin embargo, viene experimentando un retroceso más estructural desde hace una década, cuya reversión exige medidas que impulsen la productividad, la inversión y el emprendimiento.
En medio de este escenario, las cooperativas pueden ser una alternativa de emprendimiento eficaz para darle un mayor impulso a nuestra economía. Por su naturaleza, contribuyen a la descentralización, impactando de forma positiva a los territorios y favoreciendo el desarrollo social y económico de nuestras regiones. Esto facilita un crecimiento más equilibrado, propiciando un mejor ambiente para la inversión. Además, se sientan las bases para hacer de Chile un país más justo e inclusivo.
Resulta necesario que se implementen nuevas políticas públicas que fomenten el desarrollo del modelo empresarial cooperativo y que la economía social adquiera un mayor protagonismo para avanzar hacia una mayor descentralización.
Por otro lado, nos encontramos inmersos en un proceso constituyente y la incorporación explícita de las cooperativas en la nueva carta fundamental fortalecería no sólo el desarrollo de este tipo de organizaciones en las áreas en que actualmente participa, sino que, además, facilitaría su expansión a otras áreas donde podría constituir un aporte para el crecimiento y un desarrollo más inclusivo de las personas y los territorios.
Otros países como Italia, Portugal, Brasil y Paraguay, reconocen en su Constitución el aporte de las cooperativas y el rol del Estado para fomentar su desarrollo, ocupando un lugar destacado en la economía y siendo una expresión de consenso ciudadano para la resolución de las necesidades comunes.
